Caso "Gallo Tapado": Tribunal impone 330 años de cárcel a extesorero del Banco Nacional
Además, el exfuncionario deberá cancelar casi ₡5.000 millones y cumplir 30 años de inhabilitación para ocupar puestos públicos.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó, la tarde de este jueves, a 330 años de prisión al extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Ricardo Olivas, por el desfalco de ₡3.293 millones de las bóvedas de la entidad financiera.
Mediante el voto unánime 465-2026, los jueces Franz Paniagua, Rosaura García y Alfredo Arias encontraron al exfuncionario autor responsable de 33 cargos de peculado, por los que le impusieron 10 años de cárcel por cada delito. Sin embargo, la pena fue readecuada a 30 años de cárcel, en apego a las reglas del concurso material.
Pero el exfuncionario además deberá cumplir una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los mismos 30 años, en virtud de su incumplimiento del deber de probidad. Esto incluye eventuales postulaciones a puestos de elección popular.
Mientras queda en firme la sentencia en su contra, Olivas, de 39 años, deberá descontar seis meses de prisión preventiva.
El Tribunal Penal de Hacienda también condenó al extesorero al pago de ₡4.842,9 millones, producto de las acciones civiles resarcitorias presentadas por el Banco Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR).
La suma deberá cancelarla en los 15 días siguientes a la firmeza del fallo.
Pero el citado monto puede aumentar, pues uno de los rubros reconocidos en favor de la entidad financiera responde al daño reputacional. No obstante, durante el debate no se logró determinar con certeza el nivel de perjuicio, ante lo cual se ordenó que la suma se determine en la vía de ejecución de sentencia.
"El daño reputacional, que consiste en un aspecto intangible, dado que este daño consiste en la afectación al prestigio, la credibilidad bancaria frente al público y sus clientes, que tratándose de un banco es de suma importancia, por tanto requiere de la confianza del público en general y de sus clientes para el ejercicio de esta función de intermediación financiera, estimamos que los elementos que se hicieron llegar no nos dan la certeza para hacer un cálculo concreto acerca de la extensión.
"Declaramos sí la existencia de este daño, pero no tenemos elementos que nos den la certeza para determinar la cuantía. Entonces se otorga en abstracto y serán los interesados los que tendrán que acudir a la vía de ejecución de sentencia respectiva a concretar esta pretensión", explicó Paniagua.
Entretanto, se confiscaron en favor del Estado ₡60 millones encontrados en una cuenta del ahora sentenciado, además de ₡1,6 millones hallados en allanamientos ejecutados en las casas de Olivas, en Montes de Oca y Goicoechea.
Otros artículos que le fueron incautados incluyen múltiples piezas de joyería, un Kia Rio 2017 y dos celulares Huawei.
